El Incordio

Domingo, 04 de septiembre de 2005

Intervención pública y negocio privado en el mundo de las TIC

De la serie: «De tomo y lomo»

En mi artículo anterior me ciscaba en la CMT a cuenta de una nueva y muy negativa consecuencia de su gestión... vamos a ser benévolos y calificarla solamente de ineficaz, incompetente y entregada completamente a los intereses de las operadoras. Se quejan de su traslado a Barcelona y yo los hubiera mandado en un solo paquete a Guinea Ecuatorial, a entendérselas con don Teodoro; o a Cuba, que con don Fidel también irían apañados.

Sin embargo, mi artículo suscitó algunas objeciones por parte de mi virtual amigo (a falta de unas cervecitas, que deseo no lejanas, para suprimir el virtual) Josu Mezo, el autor de esa impagable bitácora Malaprensa. Pueden leerse esas objeciones en un comentario que escribió él mismo, a continuación de mi citado y enlazado artículo. Y, como puede leerse también en los comentarios, le prometí respuesta, pero no en un hilo de debate sino en un artículo expresamente dedicado a sus preguntas. No se entienda que pretendo con ello rehuir el debate; quien afirme tal cosa, me conoce poco. Simplemente es que sus preguntas son interesantes, responden a inquietudes generalizadas fuera de la base activista del conocimiento libre y fuera de las reivindicaciones de los internautas (no como asociación, sino como colectivo ciudadano, asociado aquí, allá o en ninguna parte) y merecen una respuesta sosegada y racional, sine ira et studio, vaya.

A mi modo de ver, y haciendo una interpretación general y contextual de las preguntas de Josu, el meollo de la cuestión gira en torno a dos ejes fundamentales: el primero, y dentro de lo que podríamos llamar teoría general del liberalismo, sobre cuáles son y dónde deben hallarse los límites de la intervención estatal (siempre que se admita, como presupuesto previo, que, por una parte, un mínimo de intervención estatal siempre debe haber y, por su opuesta, que la intervención estatal no debe ser jamás sistemática, absoluta e incondicional); el segundo, más inmediato y sectorialmente más inquietante, sobre el trato y el destino a corto y medio plazo de aquellos segmentos de negocio (legales, legítimos y perfectamente bendecibles) que se ven amenazados, por un lado, por el avance de las tecnologías y, por el otro por la propia evolución de los mercados que causa el avance tecnológico. Y vamos a analizar todo esto pero, por supuesto, proyectándolo sobre caso concreto del WiMax servido desde las administraciones públicas (generalmente, locales); la teoría general tiene un límite temático en esta bitácora...

Para hablar de los límites de la intervención estatal, hay que establecer primeramente varios puntos sobre la cuestión de la telecomunicación y del acceso a Internet, tanto si consideramos a éste un elemento integrado por naturaleza en el mundo de la telecomunicación o es un elemento diferente pero, en todo caso, muy próximo y que circula en perfecto paralelo con ésta.

En primer lugar, el carácter de derecho universal del acceso a Internet ha sido definido en España -no como primer ni único país que lo ha hecho- desde hace ya unos años, creo que tres o cuatro. Es decir, se considera que toda la población española, del primero al último de sus ciudadanos, tiene que estar en disposición técnica de acceder a la red y a procurar este acceso deberán estar todas las compañías y, especial y específicamente, Telefoníca (la errónea tilde sobre llana, no es casual), la operadora dominante. Este derecho se expresó y se insertó en la normativa con dos importantes omisiones: la calidad y el precio. Es decir, que el derecho universal de acceso a la red no es tal sino un derecho universal de acceder a la red en las condiciones de calidad que te den y al precio que te pongan, con lo que el derecho universal en cuestión pierde bastante envergadura como derecho y como universal.

En segundo lugar, y derechos formales aparte, el hecho incuestionable de que las tecnologías de la información y de la comunicación (en adelante, TIC) están invadiendo el mundo público y privado, están cambiando no sólo los negocios o las administraciones públicas (éstas mucho más despacio, por aquello del palacio...) sino las propias relaciones interpersonales de los particulares. Internet y la red, en este último aspecto, mucho menos, pero basta meditar durante unos minutos los cambios que ha provocado el teléfono móvil en la forma de comunicarnos con y desde nuestros hogares, dentro y fuera de ellos. Las TIC, ya ahora mismo, son elementos tan imprescindibles en la vida cotidiana como la electricidad o el gas, o como el agua.

En tercer lugar, de las TIC va a depender (y en una parte nada pequeña depende ya) el futuro industrial del mundo desarrollado (convencionalmente, EE.UU., Europa y Japón) puesto que el conocimiento va a ser no sólo nuestra principal producción sino nuestra producción por excelencia. Y este producto se transmite fundamental y masivamente (no quiero decir exclusivamente) por medio de las TIC. En otras palabras, las TIC constituyen la infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y social en el futuro. Vengo a decir con esto que las TIC no responden ya a una cuestión más o menos baladí de comodidad social sino que son tan necesarias como las carreteras, los aeropuertos, los hospitales o las universidades y que, como en los demás casos, de su mayor o menor calidad dependerá la mayor o menor eficiencia y competitividad de nuestro sistema de producción.

Derecho universal, suministro básico del hogar e infraestructura imprescindible para el desarrollo comercial e industrial del país que, además, deberá ser de la máxima calidad y en la máxima cantidad de la que podamos dotarnos. Esto son las TIC y esto es, por cierto, lo que aún no han entendido los políticos ni sus necios pisacharcos de maquinaria de partido.

Bien, a la luz de esto, podríamos hablar de tres modelos: el ultraliberal, según el cual el Estado se aparta y deja hacer a la empresa privada sobre la base de que el mercado y el juego de la oferta y de la demanda llevarán las aguas al cauce y nivel adecuados; el [dicen que] socialista, según el cual es el Estado el que presta directamente el servicio, al entender que se trata de algo tan esencial que no se puede dejar a los vaivenes del juego de la oferta y de la demanda y mucho menos a las manipulaciones que se practican sobre este juego (y se practican a manta); y un modelo intermedio, propio de la Europa occidental (y continental), en el que el servicio se deja a la iniciativa privada pero con unos mecanismos de intervención que el Estado se reserva para evitar las distorsiones y las injusticias a que puede llevar un incorrecto (e incluso un correcto) funcionamiento del mercado y de la iniciativa privada.

En otras palabras: el modelo europeo viene a decir: hay esta necesidad, que se delimita de esta forma y de esta otra; si vosotros, empresarios particulares, podéis satisfacer esta necesidad adecuadamente y veis en ello una posibilidad de negocio, adelante, lucráos prestando el servicio; pero habéis de saber que lo primordial es que el servicio se preste correctamente y de no hacerse así os caerá el correspondiente tirón de orejas para volveros a la correcta vereda. Y, a continuación, cada Estado establece el diseño del servicio que se ha de prestar.

Y ahí está el problema.

Porque el Estado puede diseñar mucho o puede diseñar poco. Es decir, puede marcar un camino estrecho y delimitado por alambradas electrificadas y con un plazo máximo para la llegada al punto de destino, por el que la iniciativa privada deberá discurrir sin apartarse de él ni un milímetro y a una velocidad mínima por debajo de la cual no llegará a tiempo, o podrá, simplemente, marcar un punto de partida y un punto de destino, de modo que la iniciativa privada podrá recorrer el trayecto que más le convenga a la velocidad que le dé la gana; también, naturalmente, puede marcarse un camino claro -pero sin mucho vallado- trazado al exclusivo gusto y placer de los caminantes y con un plazo cierto para la llegada a destino, pero tan largo que el caminante pueda detenerse frecuente y largamente a desayunar, orinar, descansar, contemplar el paisaje, hacer la siesta o irse al pajar con una moza del lugar...

El interés público (excluyendo la prestación directa y exclusiva por parte del Estado) reclama el modelo del camino estrecho y la velocidad ligera; el interés privado (excluyendo el mercado llanamente libre) prefiere, obviamente, la opción sin camino; el interés de quienes mueven los hilos de la CMT se ha decantado por el tercer modelo, que es como el segundo, pero con mofa, befa y cachondeo hacia el ciudadano.

Ya sé, Josu, que te estoy dando una conferencia en clave primaria de algo que tú conoces muy bien y en clave de técnico pormenor académico. No pretendo insultar tu inteligencia, pero esta respuesta va dirigida a ti sólo en lo formal: como artículo de mi bitácora se dirige a un amplio (espero que sea amplio) colectivo, parte del cual quizá necesite esta explicación ciertamente muy básica.

Pero, dada esta explicación y llegados hasta aquí, vamos a ir al hecho concreto que ha suscitado mi bronca protesta y tus subsiguientes preguntas y objeciones.

El hecho, en síntesis, sería la posibilidad de que no el Estado sino un conjunto importante de administraciones públicas de todos los tamaños pudiera prestar un servicio al ciudadano no necesariamente gratuito (me atribuiste, Josu, la gratuidad cuando, de forma sarcástica, ponía esa palabra en boca de otros) pero sí universal en presuntas condiciones de igualdad o de justicia distributiva (cuando son los políticos los que administran la igualdad y la justicia distributiva, hay que anteponer las presunciones y hacerlo, además, en negrita); y todo ello, en el caso concreto, promovido por la iniciativa privada, pero este detalle vamos a dejarlo por ser una característica que no habría de producirse siempre necesariamente.

Cuando yo protesto fieramente porque la CMT -en uso corrupto de sus atribuciones- cierra el paso a esta posibilidad, tú objetas por la injusticia solapada de la [efectivamente: falsa] gratuidad e incluso de la propia universalidad porque... ¿por qué habría de pagar con sus impuestos un servicio quien no tiene intención de usarlo?

Bien, la gratuidad es falsa porque se paga con impuestos, esto está claro. Pero la gratuidad no es un elemento necesario: muchísimos servicios públicos no son gratuitos, se paga una tasa por su uso y no por ello son servicios menos públicos. Lo que ocurre es que la tasa puede corresponder al total coste del servicio prestado o puede constituir una parte del mismo, sufragada la restante con dinero público. Este último, es el caso del transporte público urbano de la mayoría -no me atrevo a decir totalidad- de las ciudades españolas y de muchísimas -la mayoría también- europeas. Por tanto, la retribución del servicio admitiría varias fórmulas: una, consistente en un servicio básico cuyo coste se sufraga, en todo o en parte, por el bolsillo directo del ciudadano, vía tasa o que, incluso, se presta sin sometimiento a tasa, gratuito, digamos sólo para entendernos; y si el ciudadano quiere ir más allá de ese servicio básico, entonces puede recurrir, por supuesto, a la empresa privada; u otra, consistente en que la administración actuante presta el servicio en toda su gama de posibilidades con toda una gama de precios públicos que, además, puede subjetivizar atendiendo a la cualidad del usuario: particular, profesional libre, PYME, gran corporación, administración pública, etcétera, es decir, precios en dos dimensiones.

Viene entonces la segunda parte de tu objeción: si la tasa es un precio político (es decir, que no paga la totalidad del coste del servicio que se presta) o el servicio se presta gratuitamente, estamos cometiendo una injusticia con quien no usa este servicio. Pero... ¿quién no usa este servicio? ¿Por qué crees que puede alegarse esta presunta injusticia con el suministro de Internet y no con las carreteras o con las vías férreas, por ejemplo? Mucha gente no usa o las unas o las otras -quizá incluso ninguna de ellas- y sin embargo una buena cantidad del dinero de sus impuestos va a parar a la construcción de nuevas infraestructuras de este tipo y al mantenimiento de las ya existentes; porque, en realidad, usa las carreteras aunque no circule por ellas porque... ¿cómo le llegan sus suministros, sus artículos de consumo? Por más que le doy vueltas -y salvo casuísticas verdaderamente retorcidas- no se me ocurre ningún artículo que yo pueda adquirir que no haya llegado a mis manos mediante el uso de una infraestructura viaria pública en algún momento de su ciclo desde que era una materia prima hasta que llega a mis manos elaborado y listo para su consumo. ¿Qué tendría de raro, de sorprendente y de contra natura que, puesto que las TIC se han convertido ya -y eso que sólo están empezando- en infraestructuras de primerísima necesidad comercial e industrial (por no hablar de los hogares), existieran infraestructuras TIC de carácter público y de libre uso? Es lo mismo que sucedió con la expansión del automóvil: dejó de ser práctica la fórmula de caminos en propiedades privadas sometidos a servidumbres de paso y se evolucionó hacia la expropiación de terreno privado y la construcción con dinero público de carreteras.

Lo que hizo la CMT fue, sencillamente, impedir que la administración construyera carreteras para que unos señores particulares siguieran percibiendo un peaje por el uso de unos caminos generalmente infectos y muy poco aptos para la circulación de vehículos a motor, obligando con ello a que, como dije, España prosiguiera con el burro y el botijo. Lo que hizo la CMT -claramente- fue traicionar el interés del ciudadano al que se supone que sirve, para preservar los intereses de unas pocas corporaciones, eso sí, muy potentes.

Otra objeción tuya, Josu: ¿por qué es mejor pagar el servicio de Internet con los impuestos y no con precios directos? En cierto sentido, tu pregunta ya ha sido contestada. En cierto otro, interpreto tu pregunta de esta manera: ¿por qué es mejor que un ayuntamiento contrate el servicio y lo pague, en vez de que cada ciudadano contrate y pague, en relación privada, el que más le guste? Y unos párrafos antes, me decías que cuando Telefónica (entonces sí llevaba la tilde esdrújula en su logotipo) era un monopolio del Estado tampoco nos trataba nada bien.

Pues no te doy la razón, así entera y con mayúsculas, pero sí una poquita. Los monopolios comerciales del Estado me dan tanto repelús y tanta alergia como al más ultraliberal de los ultraliberales, porque una cosa es ser partidario de una férrea vigilancia administrativa sobre la calidad de los servicios públicos quienquiera que sea el que los preste y otra muy distinta es ser partidario de un sistema soviético o atrocidad similar; y lo mismo puede decirse cuando no es el Estado pero es otra suerte de gran administración pública (el ayuntamiento de Barcelona, o el de Madrid, por ejemplo, por no hablar de comunidades autónomas). Pero, dejando aparte las grandes concentraciones administrativas, sí es ventajoso que sea el ayuntamiento el que pague al proveedor y no nosotros y ello por una razón: porque nosotros, los ciudadanos, por millones que seamos, somos individuos casi unicelulares en nuestro trato con compañías enormes y esas compañías nos imponen unas condiciones ante las cuales nosotros no tenemos otra libertad que la opción de tomarlas o dejarlas (pese a que, como decía antes, estamos ante un servicio público imprescindible); seguro que no serán tan rigurosos con un ayuntamiento de cincuenta mil habitantes; al contrario, ahí es el ayuntamiento el que pone condiciones y las empresas, en concurrencia o las toman -mejorándolas, incluso, a favor del cliente para que no se lleve la licitación la competencia- o las dejan; pero si no tienen otra forma de entrar en el negocio o en la parte sustancial del mismo, las tomarán.

En el caso concreto, tanto los casos reales frustrados (Atarfe, Barcelona...) como el futuro, estarían en los ayuntamientos; no he oído jamás que el Estado o comunidad autónoma alguna se planteasen suministrar o gestionar directamente el suministro de Internet a la ciudadanía. Y eso era lo bueno de la cuestión, salvo, claro está, en Barcelona, que con un Forum por pagar (pese a los innumerables beneficios económicos que rindió, según el anestesista dichoso) y con esa maravilla de gestión municipal con que nos atormenta don Juan, nos iba a salir barato Internet...

Haces una alusión inicial un tanto vaga, sobre el hecho de que si la administración pública presta un servicio directo, se carga un negocio... Yo diría dos cosas: la primera, que se carga un modelo de negocio, pero no el negocio en sí, por cuanto alguien tendría que suministrar a la administración pública; claro, se trata de una forma de afrontar el negocio muy distinta del bandolerismo que se practica impunemente sobre el ciudadano, pero así es la vida, ya lo decía Machado: «Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar». Y la segunda, es que no se puede detener el desarrollo, el avance económico y social, porque éste se lleve por delante a unos determinados negocios. Cuando se llevó a las casas el agua corriente, los fabricantes de botijos quedaron reducidos a unos pocos artesanos destinados a producir recuerdos para turistas: ¿por qué no se respetó el segmento de negocio del sector del botijo y se abandonó la idea de llevar el agua a la cocina y los lavabos de cada piso? ¿Por qué el alumbrado público es eléctrico y se le desmontó un importante segmento de negocio a las compañías suministradoras de gas? ¿Por qué ese empeño en el ferrocarril, destrozando con ello el negocio del viaje en diligencia o a lomo y el de los carreteros? El progreso significa, entre otras cosas, la extinción de modelos de negocio -de sectores enteros, muchas veces-, incluso de profesiones, sustituidos por otros modelos o, incluso, sin ser sustituidos, por desuso del bien o servicio que producen: o el carretero se hace ferroviario o se sienta a la puerta de casa a verlas pasar mientras bosteza de hambre. Es una ley dura y cruel que sólo se ha compensado en tanto que abandonado -a estos efectos- el liberalismo y se estableció la seguridad social; por cierto, que la existencia de una sanidad pública no ha supuesto, ni mucho menos, la desaparición de la medicina privada cuyos profesionales, hasta la invención del contrato basura, vivían mejor que sus colegas de la pública.

Y, con respecto a tu última pregunta, en relación a lo que hacen las CMT de otros países, te diré que no lo sé, pero, desde luego, en el ámbito que tratamos, no parece que cultiven la bellaquería, por cuanto varios de ellos son beneficiarios del programa «Comunidades Digitales».

Yo tengo una confianza casi providencialista en que el desarrollo de la tecnología, el curso -el curso inmediato- de la Historia, hará morder el polvo a quienes tan alevosamente burlan nuestros intereses, traicionan nuestros derechos y se ciscan en nuestros anhelos y aspiraciones; tengo la firme -y creo que racional- esperanza de que, pese a las maquinaciones y trampas de estas compañías corsarias y pese a la oprobiosa complicidad de la CMT en los intereses de aquellas, el WiMax se impondrá de todos modos, gestionado desde administraciones públicas, al igual que las compañías telefónicas tendrán que adaptarse al sistema VoIP -no son pocas las que ya lo están haciendo- o morir. Entre otras muchísimas cosas.

Un abrazo, Josu.

Por: Javier Cuchí | En profundidad | Comentarios (4) | Referencias (0)